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Residentes en el Condado Ventura aseguran que recibieron con consternación la noticia de que el gigante de los aviones y defensa Boeing recibió un contrato de estímulo por 15.9 millones de dólares para monitoreo ambiental en el mismo sitio cercano a Simi Valley en el que la empresa recibió una multa por contaminar un arroyo con cromo, dioxina, plomo y mercurio.  Un residente local y oponente, Dawn Kowalski, describió el nuevo contrato como “el zorro que cuida el gallinero”.

 

Granite Construction, con sede central en Watsonville, recibió 6.4 millones de dólares en contratos de estímulo para trabajar en pistas de aeropuerto en Salinas y Monterey y para reparar carreteras en los condados San Bernardino, Riverside y Butte. Sin embargo, la empresa se enfrenta a tres investigaciones federales, incluyendo una investigación penal para determinar si sobrefacturó de manera fraudulenta a la ciudad de San Diego cuando ocurrieron los devastadores incendios de 2007.

 

Una importante empresa propietaria de apartamentos con sede en Denver, AIMCO, obtuvo 13 millones de dólares en créditos fiscales de estímulo para rehabilitar su complejo de viviendas en Los Ángeles. Esta ayuda federal llega luego de que la empresa pagó 3 millones de dólares en 2004 para llegar a un acuerdo con respecto a una demanda presentada por la ciudad de San Francisco con respecto a los reclamos de que administraba edificios con humedades e infestados por roedores que constituían un grave riesgo de seguridad para los residentes. Los residentes continúan quejándose de la gestión de AIMCO.

 

Los organismos de control del gobierno consideran que esos contratos y otros de ese tipo plantean inquietudes con respecto a la forma en que se está administrando el enorme programa de estímulo federal. Si bien la mayoría de las grandes empresas en EE.UU. se enfrentan a demandas y medidas regulatorias, estas agencias que buscan la reforma del gobierno aseguran que se deberían tener en cuenta todos los antecedentes de un contratista antes de continuar repartiendo dinero a las mismas empresas.

 

“Realmente provoca mucho malestar que el gobierno no actúe con la debida diligencia antes de entregar el dinero”, dijo Laura N. Chick, inspectora general de California para los fondos de estímulo. “Nos hemos acostumbrado mucho a entregar dinero de los contribuyentes y no somos tan buenos para controlar a quién se lo damos y cómo se gasta”.

Un contrato de estímulo a través del Departamento de Energía está provocando consternación en las escabrosas laderas por encima de Simi Valley en el Condado Ventura.

 

La contaminación tóxica en Santa Susana Field Laboratory ha sido un tema muy delicado para los locales durante décadas. Desde la década de 1940, el laboratorio fue gestionado por divisiones de North American Aviation, que luego se convirtió en Rockwell International. Se trataba del sitio para pruebas de motores de cohetes y desarrollo de energía nuclear que causó la filtración de toxinas hacia el suelo y el agua subterránea y un accidente nuclear en 1959.

 

Boeing compró las divisiones aeroespaciales de Rockwell International en 1996, pero activistas comunitarios dijeron que Boeing ha estado rechazando la responsabilidad por la contaminación que ocurrió antes y después de la compra. Un grupo de residentes locales demandó a Boeing, afirmando que la empresa provocó cáncer. La empresa llegó a un acuerdo mediante el pago de 30 millones de dólares en 2005.

 

La junta regional de calidad del agua aplicó una multa de 471,000 dólares a Boeing en 2007 por 79 violaciones relacionadas con contaminación que permitían que los escurrimientos de las aguas de desecho y de las tormentas provenientes del sitio transportaran toxinas hacia varios arroyos, trasladándolas aguas abajo hacia el Río Los Ángeles.

 

Boeing había liberado 118.5 millones de galones de agua contaminados con sustancias como cromo, plomo y mercurio, según la junta del agua. En determinado momento, la empresa superó la concentración permitida de la sustancia cancerígena dioxina en 6,900 veces. La junta del agua aseguró que las violaciones crónicas crearon un riesgo para la salud pública, y que teniendo en cuenta los recursos y la sofisticación de Boeing, fueron “tremendamente graves”.

 

Dan Hirsch, presidente del grupo de vigilancia nuclear de California, no cree que Boeing tendría que haber sido recompensado con dinero de estímulo federal para monitoreo ambiental en ese sitio. El contrato que se otorgó a Boeing, que obtuvo 2.7 mil millones de dólares en 2008, no se ofreció a través de una licitación.“¿Cómo es posible que el dinero de los contribuyentes federales se destine a una empresa que es responsable por contaminación y que se niega a llevar a cabo la limpieza de sustancias tóxicas?”, dijo Hirsch.

 

Boeing dijo que se han logrado mejoras significativas en cuanto a la limpieza. “Boeing está totalmente comprometida con la limpieza del sitio de forma que se proteja totalmente la salud pública y el ambiente”, escribió Kamara Sams, portavoz, en un correo electrónico enviado a California Watch. Aseguró que Boeing, NASA y el Departamento de Energía son responsables por la limpieza de partes de la propiedad.

 

Jen Stutsman, portavoz del Departamento de Energía, respondió a través de un correo electrónico que Boeing tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el trabajo y buenos antecedentes de trabajo con la agencia. “El cambio de contratistas solo haría necesario gastar más dinero de los contribuyentes, ya que un nuevo contratista llegaría y retomaría el trabajo de Boeing”, escribió. Se informó que el proyecto había creado 11 empleos.

 

Al mismo tiempo, Boeing está intentando anular una ley de California sobre limpieza de sustancias tóxicas. El 13 de noviembre, Boeing presentó una demanda ante un tribunal federal para anular la ley SB 990, que establece normas especialmente estrictas de limpieza de sustancias contaminantes en el Condado Ventura.Boeing asegura que las normas establecidas por California son innecesarias y que la excavación que se exige destruiría aún más el “hábitat ecológico”.

 

Julia Brownley, congresista estatal, quien representa a los residentes de las cercanías, asegura que le preocupa que Boeing reciba dinero de estímulo y “casi al mismo tiempo” presente una demanda contra las normas de limpieza de contaminantes de California. “Algo no parece estar bien ahí”, dijo.

 

Granite Construction obtuvo varios contratos con dinero de estímulo –que se distribuyeron a través de Caltrans y otras agencias locales- a pesar de estar en el centro de un escándalo por fraude en San Diego, donde muchos residentes creen que la empresa se aprovechó de la ciudad en un momento de crisis.

 

“Como contribuyente, me sentiría más que frustrado con eso, teniendo en cuenta los antecedentes en esta ciudad”, dijo Jan Rasmussen, residente de San Diego y coordinador de medidas de extensión hacia la comunidad de Rancho Bernardo United, un grupo comunitario que ayuda a víctimas de los incendios de 2007.

 

La ciudad de San Diego demandó a Granite Construction y a otra empresa, A.J. Diani, en 2008 por presuntamente haber sobrefacturado por separado por sus servicios de retiro de restos después del desastre. La ciudad aseguró que ambas empresas presentaron facturas con “registros falsificados” que sobreestimaron la cantidad de restos que habían retirado e inflaron sus costos. La demanda está pendiente esperando que culmine una investigación penal llevada a cabo por el Departmento de Seguridad Nacional de EE.UU.

 

Granite también se enfrenta a dos investigaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. Una investigación está relacionada con un proyecto de construcción en Oregon, donde el escurrimiento del agua de lluvia depositó suciedad en varios arroyos, posiblemente provocando daños en la población de peces. La segunda investigación se refiere a las acusaciones de que un emprendimiento conjunto gestionado por Granite en Minnesota no cumplió con los requisitos de contratar suficientes empresas de minorías como subcontratistas y que tergiversó esos datos.  

 

Jacque Fourchy, portavoz de Granite, dijo que la empresa no oculta nada sobre sus problemas legales relacionados con demandas corporativas y niega haber actuado mal en San Diego. “Es una lástima”, dijo Fourchy, “que esta investigación continúe acosándonos, ya que realmente creemos que no hicimos nada malo”.

 

El gobierno federal ha destinado fondos de estímulo, bajo la forma de créditos fiscales, para crear viviendas para personas de bajos ingresos en todo el estado. La empresa AIMCO, con sede central en Denver –en un emprendimiento conjunto con la organización sin fines de lucro Foundation for Affordable Housing- recibió el ofrecimiento de 13 millones de dólares en créditos fiscales para ayudar a arreglar un viejo complejo de apartamentos del que es propietaria en Los Ángeles. Una portavoz de AIMCO dijo que la empresa todavía debe aceptar el crédito fiscal de estímulo y asegura que el proyecto “representa el continuo compromiso de la empresa de satisfacer la necesidad crítica de viviendas a un precio que las personas de bajos ingresos puedan pagar”.

 

Pero en el vecindario Bayview-Hunters Point en San Francisco, los residentes se han quejado durante años de las malas condiciones de las viviendas y de la mala gestión en los complejos de apartamentos de AIMCO.  “Confiamos en ellos en la medida en que podamos deshacernos de ellos –esa es la regla general con respecto a AIMCO”, dijo Sara Shortt, directora del Comité de Derechos para la Vivienda de San Francisco, una organización sin fines de lucro para los derechos de los inquilinos.

 

La ciudad de San Francisco demandó a AIMCO, asegurando que la empresa ignoró más de dos docenas de órdenes de solucionar muchos problemas relacionados con riesgos para la salud y la seguridad, incluyendo escalones y descansos de las escaleras que están colapsando debido a pudrición por hongos y techos y paredes mohosos y dañados por la humedad. Los inspectores mencionaron una salida para incendios bloqueada y falta de detectores de humo. También encontraron ventanas y puertas rotas y caños con pérdidas. AIMCO llegó a un acuerdo por 3 millones de dólares en 2004.

 

Dorothy Peterson, residente, dijo que estaba pensando en presentar un reclamo contra la ayuda con dinero de estímulo para AIMCO. “Si realmente quisieran asegurarse de que se construyeran viviendas adecuadas para las personas de bajos ingresos y que los residentes fueran tratados como seres humanos, entonces no le darían el dinero a AIMCO”, dijo.

 

Pero el socio de AIMCO para el proyecto de Los Ángeles apoya a la empresa. “Son una empresa enorme”, dijo Deborrah Willard, presidenta de la Fundación para Viviendas Asequibles con sede en el Sur de California. “Cuando se es una empresa de ese tamaño y se es propietario de tantos apartamentos, es seguro que alguien no va a estar conforme en algún momento”.