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Al filo de un paraíso del desierto, viven en condiciones putrefactas los campesinos de Coachella

Carlos Puma/California WatchNeftoli Gutiérrez, de 7 años, vive en una casa rodante que se desmorona, con sus padres y su hermano de 5 años. La casa está plagada de ratas, y a veces entran ranas por las tuberías.

THERMAL – De un extremo de la Avenida 54, un camino que corta una tajada por algunas de las tierras más fértiles en los Estados Unidos, mora la California de la imaginación popular: un lugar de pantalones cortos Bermuda, canchas de golf y cenas con champán de vistas espléndidas por encima de la piscina desbordante.

Pero existe otra Avenida 54, una 54 oculta tras el polvo y las plantas rodantes. Es la 54 del agua contaminada de arsénico, de apagones frecuentes, y de aguas negras que se atoran y se vierten en la ducha. Es un lugar de tenebrosas tareas caseras, donde los residentes en los aproximadamente 125 parques ilegales de casas rodantes del este del valle de Coachella luchan por hacer de unos 720 pies cuadrados compuestos de metales en deterioro y paneles de enchapado, un hogar seguro y habitable. 

Incluso los nombres de la comunidades no incorporadas – Mecca, Oasis – evocan tierras bíblicas, nombres dignos de las plagas hechas por el hombre que acosan esta región. Este valle del desierto, a unas 130 millas al sureste de Los Ángeles, es una de las zonas agrícolas más abundantes del país, una abundancia nutrida por la irrigación que rinde uvas de mesa, pimentones, sandías sin semillas, y la mayoría de los dátiles en este país. Palmeras cual paraíso isleño brotan como espejismos del suelo árido y caluroso.

Esta Coachella, la que no visitan los que están de moda y asisten a un festival de música que se realiza en el valle cada año, es una de las zonas más pobres y de mayor densidad en los Estados Unidos – especialmente durante la cosecha de la uva, cuando se calcula unos 15 mil a 20 mil trabajadores migrantes inundan el alojamiento ya atiborrado, y terminan durmiendo en los campos de cultivo, a lo largo de zanjas de regadío o sobre pedazos de cartón en el estacionamiento de tierra de Leon’s Market, en Mecca.

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Stories of forgotten people and places


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Israel y Fátima Gutiérrez – los padres de Neftoli, de 7 años y de Alexis, de 5, residentes del Rancho García Mobile Home Park – viven a diario esta pesadilla.

Los pisos de vinilo de su trailer alquilada que se desintegra, están nodulados por la humedad. El enchapado cubre hoyos donde estuvieron alguna vez las ventanas, prendido con cinta adhesiva a las paredes que van colapsándose lentamente. Son una presencia constante las ratas; a veces las ranas entran por la tubería. Un cordón eléctrico de extensión lleva de un solo foco pendiente del cielo raso de la habitación a un enchufe de alambres expuestos. 

“A veces les pasa corriente a los niños y gritan”, dijo Israel Gutiérrez.

En el laberinto de plantas rodantes de las barriadas prefabricadas de los Estados Unidos – el tercer mundo de California – el siglo XX es apenas una memoria. Las necesidades básicas como el agua potable, la electricidad segura y fiable, el saneamiento rudimentario, y el aire limpio no llegan a ser atendidas. Darryl Adams, superintendente del distrito escolar unificado del valle de Coachella, quien asumiera el puesto el año pasado, visitó hace poco algunos de los jóvenes que están a su cargo con un calor que alcanzaba los 115 grados Fahrenheit. “Estos niños estaban jugando en unas piscinitas portátiles llenándose de infecciones del agua sucia”, dijo Adams.

“Éste es el estado dorado, el gran estado”, dijo. “Yo no tenía idea”.

“Somos como un pequeño país dentro de los Estados Unidos”, dijo Eduardo Guevara, coordinador de los Promotores Comunitarios del Desierto, uno de un pequeño pero creciente número de grupos ciudadanos que se dedican a mejorar los parques de casas rodantes.

En meses recientes, este pequeño país aislado ha recibido atención nacional, hasta con visitas de la senadora por California, Barbara Boxer, y la activista Erin Brockovich. 

A comienzos del año, docenas de residentes, incluyendo a maestros y estudiantes, se enfermaron de los olores nocivos que salían de una meseta de cuatro pisos de alto de residuos peligrosos que opera la empresa Western Environmental Inc., con sede en Utah, que se dedica al reciclaje de tierra y que le alquila el solar de la tribu Cabazon de indígenas Mission.

El mosaico endiablado de olores apestosos era abrumante, dijeron los residentes, pasando de vapores de gas al olor a petróleo quemado al de tuberías de cloaca reventadas. Los síntomas de “Tóxico Mecca”, como llegó a conocerse localmente, incluyeron las náuseas, vómitos, mareos y dificultades con la respiración.

“En un principio, pensamos que era el mar Salton”, dijo Isabel Gálvez, supervisora de recreo en la escuela primaria de Mecca, refiriéndose al olor a peces muertos en el aire fétido del norte del valle. “Pero estaba en el solar”.

Por mucho tiempo ya el valle ha servido de vertedero de sustancias tóxicas, particularmente sobre tierras indígenas – una enredadera de jurisdicciones desparramadas por toda la región. Entre los vertederos más notables está Lawson Dump, en una parcela de los indígenas Torres-Martínez Desert Cahuilla, donde incendios infernales subterráneos ardían bajo millones de toneladas de desechos quemados [lo clausuró un juez federal en el 2006]. Más allá por el camino están los restos del montón de basura más grande del estado, tildado Mount San Diego por los locales, y cerrado por orden federal en 1994.

En la empresa Western Environmental, la falta de licencias estatales para los residuos peligrosos está en la mira del gobierno. Durante un periodo de auge, entre el 2009 y el 2010, llegaron por camión a la planta más de 10 mil cargas, la mayoría tierra contaminada con petróleo, gasolina y otros hidrocarburos que emiten vapores, además de lodos cloacales, pesticidas y otras sustancias químicas.

En mayo, después del grito de ultraje público, la senadora Boxer, presidenta del Comité del Senado sobre el Medio Ambiente y Obras Públicas, convocó una breve conferencia de prensa en la escuela donde docenas de personas se habían enfermado. Poco después, la agencia federal de protección ambiental, U.S. Environmental Protection Agency, ordenó que el empresa dejara de recibir residuos peligrosos. En agosto, el Departamento de Sustancias Tóxicas de California reconoció que había fallado durante al menos siete años en poner un alto a los cargamentos de residuos peligrosos a la planta, y se comprometió a hacer mejoras en cuanto a su monitoreo de la zona.

‘Están sólo los pobres y los ricos’

No obstante, para los que crecen en los parques de casas rodantes del valle este de Coachella, hay muy poca diferencia entre las crisis ambientales que atraen los titulares y las cámaras de televisión, y los cientos de peligros y ultrajes que definen su vida diaria.

Yanet Villicana, ahora estudiante universitaria de 20 años, vive con sus padres campesinos y cinco hermanas menores en una trailer de metal que se sostiene a pura voluntad.

Camina por las calles de tierra del lugar de su infancia, Lawson Mobile Home Park -- una ciudad escuálida de unas 400 casas móviles sobre tierra de los indígenas Torres-Martínez -- para tomar el autobús del condado a la universidad en Palm Springs. Es un trayecto extenuante de dos horas para llegar.

Pasa por Duroville, el parque vecino, sobre tierras indígenas que llegó a ser sinónimo de las barriadas rurales, antes de llegar a Mecca. Después de demasiadas paradas, los algarrobos enclenques y el pavimento rajado de la California no incorporada ceden ante los bulevares adornados de buganvillas en lo que el autobús se acerca a Indian Wells, donde las calles llevan nombres como Bob Hope y Dinah Shore. El ingreso medio por hogar es de $134.615, entre los más altos del estado; en Mecca es de $25.873.

“Da mucha pena cuando pasamos por las partes pudientes”, dijo Villicana, quien se especializa en psicología y quien cosecha uvas durante el verano para pagar los fierros y la universidad. “Es como que el autobús pasa por todas las secciones pobres primero, y de ahí, de la nada salen un montón de casas enormes y vistas hermosas. Es triste, porque de por medio no hay nada. Están sólo los pobres y los ricos”.

A pesar del desdén que recibe de algunos compañeros de la universidad – “Es una mirada que podría clasificarse como lástima”, describe – Villicana siente cariño por su lugar de origen. Pero al volver a casa en el autobús de noche, le da miedo caminar por las oscurísimas callejuelas de tierra sin nombre porque no hay alumbrado. El dueño del parque es el que determina el cobro de la electricidad, ya que él es quien lee los medidores, por ende el alquiler durante el verano húmedo y sofocante puede llegar hasta los $700 al mes.

“No hay nada aquí”, dice Villicana del solar hogareño que sueña con cambiar.

“No hay centro comunitario. No hay parques. Sí que tenemos una pequeña acera”, dijo, echando la mirada al espacio. “Pero no llega hasta aquí”.

Lo que está aquí, dijo Cecilia Cote, quien trabaja de promotora de salud para las Clínicas de Salud, organización sin fines de lucro, son familias que viven 15 en una trailer. Los niños están expuestos a pulgas de los perros callejeros, a las cloacas abiertas o las rupturas sépticas, y a los baños atiborrados. Estacas de las plantas de uva las traen de los campos abandonados para usar como leña para calentar el agua del baño y para la cocina.

El doctor Raúl Ruiz, médico de emergencias en el Centro Médico Eisenhower en Rancho Mirage y decano asociado de la Escuela de Medicina de U.C. Riverside, lanzó una iniciativa por cuidados médicos, Coachella Valley Healthcare Initiative, el año pasado. Ruiz, hijo de campesinos con tres títulos de la Harvard University, considera que los parques de casas rodantes son “una pesadilla de salud pública”.

Carlos Puma/California WatchEn su casa rodante en el Rancho García Mobile Home Park, el cielo raso de la recámara de Fátima Gutiérrez gotea durante la temporada de lluvias.

Condiciones humillantes

En el Rancho García Mobile Home Park, Fátima Gutiérrez barre el excremento de las ratas, cambia las trampas, lava con lejía las paredes y sube una escalera de mano durante la temporada de lluvias para sellar el techo con una lona de plástico, sin éxito normalmente.  Ambos de sus hijos padecen el asma, entonces no se puede usar “Raid” contra las cucarachas y las arañas, dijo. Los vecinos, Manuel y Alicia Duarte, continúan lidiando con la “porquería”, como lo describe Fátima Gutiérrez, incluso dentro de la ducha, por $500 al mes.

“A veces hasta nos sentimos humillados”, dijo Alicia Duarte, quien tiene una infección en la pierna que va empeorando.

El doctor Kenneth Russ, médico en Palm Springs quien ha hecho consultas con los residentes del parque de casas rodantes, dijo que la combinación de las viviendas deficientes, la contaminación del aire, el exponerse a residuos peligrosos y la mala nutrición “pueden ser traumáticos física y emocionalmente, en particular para los niños”.

Mientras que algunos pueden enfrentar la situación, otros terminan con tendencias al asma y otros trastornos de los pulmones, así como con la obesidad y trastornos de comportamiento. En las comunidades no incorporadas de Mecca, Thermal y Oasis, hay un médico por cada 3.000 individuos, aproximadamente, según un informe que publicó The Desert Sun, comparado con un médico por cada 193 personas en Palm Springs, apenas a 35 millas de distancia de Mecca.

“Estos son problemas escabrosos que parten no sólo de la conformación genética del niño”, dijo Russ, “sino de un sinfín de problemas ambientales y sociales que requieren mucho más esfuerzo por remediar”.

Hasta hace poco, cuando intervino el Departamento de Salud Ambiental del condado de Riverside, el parque Rancho García tenía un pozo de cloaca abierto, infestado de moscas. Las aguas negras se colaban por las calles y los jardines. 

Leonard García, cuyo padre, Miguel, abrió el parque como un campamento para obreros, sugirió que los hábitos de los residentes eran la razón de algunos de los problemas, incluyendo el de las aguas negras.

“Podría ser un tubo atorado, hasta en su propia trailer”, explicó un día reciente. “A veces es un pañal. A veces es una acumulación de manteca. O son juguetes. Créame, no quiere saber lo que hemos visto nosotros en estas cosas”. 

Las condiciones en Rancho García son más agudas que las de muchos otros parques. Según la legislación estatal esotérica sobre parques de casas rodantes, los dueños de los parques tienen la responsabilidad de mantener la infraestructura y de proveer un ambiente decente para vivir que protegerá la inversión de los propietarios de las casas. (El noventa y cinco por ciento de los residentes de la zona son dueños de sus casas rodantes). Si se cierra el parque, los que viven en las raquíticas casas de segunda mano, las cuales son demasiado frágiles para mover, son los más vulnerables.

“Efectivamente, pierdes una propiedad y el amparo”, explica Megan Beaman, una abogada con la organización California Rural Legal Assistance en Coachella.

El condado de Riverside tiene 121 parques sin licencia y unas cuantas docenas de parques legales, dijo Bob Lyman, gerente regional de la agencia de transportes y administración de tierras para el condado. Además, hay cinco grandes parques y más de 100 más pequeños sobre tierras de los indígenas Torres-Martínez, todos fuera del alcance de los inspectores del condado.

Los residentes de estos parques de casas rodantes tienen muy pocos recursos legales contra las prácticas punitivas de los dueños, tales como el desalojo ilegal o “que se les corte la electricidad si se atrasan con el alquiler”, dijo Arturo Rodríguez, abogado director del proyecto de asistencia legal al campesino, Coachella California Rural Legal Assistance Migrant Farmworker Project.

La consecuencia inesperada de la legislación sobre la vivienda

La proliferación de pequeños parques de casas móviles no regulados remonta a la ley de 1992, Farm Labor Housing Protection Act, una medida de emergencia que permitió que los cultivadores construyeran parques de hasta 12 unidades sin obtener licencias de zonificación ni de uso territorial. 

Sin embargo, la ley, redactada por Richard Polanco, un miembro de la asamblea representante de Los Ángeles, tuvo consecuencias inesperadas. Dueños de viviendas oportunistas cayeron cual aves de rapiña para construir unos 400 parques sin permiso, los cuales todavía se conocen como “polancos”, y que esquivaban las reglamentaciones a favor de la salud y la seguridad, incluyendo la ubicación de pozos de agua, de sistemas sépticos y alambrado eléctrico seguro.

Estos parques se mantuvieron bajo el radar hasta el verano de 1998, cuando murieron dos personas en dos parques diferentes – un adolescente quien resultó electrocutado cuando se electrificó una valla por causa de la colocación deficiente de alambres; el otro un hombre electrocutado al hacerle reparaciones a su casa rodante.

Las autoridades de zonificación del condado de Riverside comenzaron a tomar medidas intensas, identificando 18 parques que había que cerrar y demandando a los dueños. Como respuesta, la organización California Rural Legal Assistance presentó una demanda por discriminación ante el Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), en la que indicó que el condado había identificado injustamente a parques con dueños latinos. A los dos años de la primera medida tomada por el condado, HUD anunció una compensación de $21 millones con el condado para pagar los costos de proyectos comunitarios, vivienda para personas de bajos recursos, y pagos en efectivo a las familias campesinas que habían presentado la querella de discriminación.

“No es ningún accidente que estén sufriendo las comunidades”, dijo Beaman, de California Rural Legal Assistance. “Es el resultado de ser 97 por ciento latino, 50 por ciento indocumentado, y 100 por ciento clase obrera. Es un vistazo de cómo se ven obligadas ciertas categorías de personas a vivir de forma diferente por motivo de la percepción de su poder”.

El pánico que cundió frente al cierre de los parques llevó a que miles de residentes, incluyendo a muchos indígenas de lengua nativa purépecha provenientes de las montañas de Michoacán, transportaran sus trailers a tierras soberanas de tribus norteamericanas, alejadas tanto de las autoridades de zonificación como de los agentes de inmigración de los Estados Unidos.

El desenlace fue la apocalipsis de la vivienda conocida como Duroville, donde reinaban la miseria y la anarquía, con manadas de perros salvajes rondando por callejones lodosos y por los pozos de aguas negras a lo largo de la calle Michael, la avenida Marylou y otros caminos con nombres de la familia de Harvey Duro.

Las toxinas ardientes de la quema ilegal del vertedero Lawson al lado – incluyendo niveles elevados de dioxina, un carcinógeno – llamó por fin la atención del gobierno federal a las condiciones en Duroville.

Carlos Puma/California WatchCasas rodantes deterioradas y desarmadas y otros desechos se vierte regularmente al filo del Lawson Mobile Home Park.

La hermana Gabi Williams, de 62 años, una autodenominada monja “gringa”, se ha convertido en algo así como Nuestra Señora de los Parques de Casas Rodantes, gracias a sus esfuerzos incansables por ellos. Ella recuerda, “agua negra por el suelo, el vertedero con un tremendo hoyo al medio que iba hundiéndose”.

Dijo de su trabajo allí, con un áspero tono directo: “No era buena idea construir un centro infantil rodeado de ácido de batería”. 

Después de una cascada de eventos, la Oficina de Asuntos Indígenas anunció que se cerraría el parque, desalojando entre 4 mil a 5 mil residentes. Para evitar lo que llamó “una crisis humanitaria masiva”, juez distrital Stephen G. Larson ordenó que se mantuviera abierto el parque y estableció una tutela judicial de dos años responsable de mejorar las condiciones del parque hasta que se lograra encontrar alternativas de vivienda.

Hoy, la población de Duroville es de unas 2.000 personas, y aumenta durante las cosechas y se contrae entre julio y septiembre, cuando la mitad de los residentes emigran al valle de San Joaquín. Sigue abierto un pozo que mide 11 acres de evaporación de residuos cloacales. Thomas J. Flynn, el tutor nombrado por las autoridades federales, lo llama “un incubador del virus del Nilo Occidente, algo así como lo que describiría Margaret Mead”.  

Flynn se ha dedicado a aliviar la economía subterránea del parque, que alberga la actividad criminal, incluyendo una notoria intersección en la que se venden drogas donde “los carros entran como si entraran a un McDonald’s”, dijo.  También señaló los talleres de “reparaciones” con cientos de autos, muchos de ellos robados.

Un monolito del largo de una cuadra de desechos domésticos – colchones, corrales de juegos, asientos de coche para niños, alfombras, montones de madera astillada – representa lo que queda de una estructura de madera informal colocado contra las casas, que recientemente se ordenó eliminar de todas las casas.

“Los acelerantes de incendios combinados con tanques de propano mal instalados eran como una bomba”, dijo Flynn al respecto.

El doctor Alberto Manetta, profesor emérito de la U.C. Irvine y presidente de Latino Health Access, una organización sin fines de lucro localizada en Santa Ana, es gerente de una clínica en Duroville. Dos recientes encuestas que realizaron Manetta y su equipo ofrecen un retrato iluminante del parque: El noventa y cinco por ciento de los residentes carece de acceso al internet. Sólo el 8 por ciento se graduó de la secundaria. Un tercio no tiene aire acondicionado. Más de la mitad no tiene una fuente de agua caliente para bañarse, y usan los restos del agua usada para cocinar para bañar a los niños. Abundan las condiciones crónicas como la diabetes y las adicciones al tabaco y al alcohol.

No obstante, observa Manetta, la mayor preocupación de los residentes no es su salud. “Su mayor preocupación es que los echen del parque”, dijo. 

Los grupos ciudadanos luchan por las mejoras

La primera casa de Elisa Guevara en los Estados Unidos fue una choza de madera colocada al lado de la casa rodante de una amiga. En México era asistente de contaduría para una tienda de computadoras; el primer lunes que pasó en California, se dirigió a trabajar en los campos. Sufrió de la deshidratación y la insolación, pero siguió con la cosecha. “Una vez que empieza algo, lo termina, no importa qué”, dijo su hermano Eduardo.

Con temor por la seguridad de su familia después de un incendio intencionado, Guevara y su esposo, su hija y sus padres se fueron de Duroville. Se mudaron a su propia casa móvil en el Los Gatos Mobile Home Park, iluminando un rincón de la sala con un altar en honor a la Virgen de Guadalupe.

“Fue un sueño tener una casa”, dijo Guevara, “así no fuera la mejor que te pudieras imaginar”.

Pero duró poco su optimismo: el verano pasado, la mitad de las casas del parque se quedó sin electricidad durante un mes cuando se incendió el cuadro eléctrico por estar sobrecargado, lo cual obligó a nueve familias a dormir a la intemperie por el calor. Tuvieron que valerse de cajas neveras de recreo para guardar la comida y los medicamentos. Antes de esto, hubo un sistema de alcantarillado defectuoso que forzó a las familias a vivir entre sus propios desechos.

El copropietario del parque, Benjamín Hernández, ofreció toda una letanía de culpas por los males que aquejan al parque – los residentes que desperdician el agua y la electricidad, inspectores del condado que exigen alto pagos por las licencias, la empobrecida economía que ha devastado la situación económica de su familia. Hernández dice que invirtió en el parque con nueve de sus hermanos, pero que ahora no cuentan con el dinero para realizar las mejoras.

“Queríamos sacar una línea de crédito para hacer todo, pero entonces surgieron los problemas con la economía”, dijo Hernández. “Perdimos nuestros empleos. La gente perdió sus casas. Nos afectó sobremanera la economía. Hablamos con el condado. Intentamos encontrar otra manera de seguir adelante. Pero son demasiados costos, demasiadas reglas, demasiados requerimientos”.

Guevara recuerda haber rezado mucho, convencida que como mujer que no habla inglés y con problemas renales, era poco lo que podía hacer. Pero, inspirada por su hija, tomó acción.

El resultado fue el Comité el Poder de la 62, el nombre de la avenida donde viven, uno de un número creciente de grupos ciudadanos que luchan por mejorar sus barrios con demandar al dueño del parque. Está pendiente aun una demanda; una orden judicial preliminar obligó a los dueños a restaurar la electricidad y reparar el sistema de alcantarillado.

En el este del valle de Coachella, lo peor que puede pasar es acontecer de todos los días: por ejemplo, ex residente del Sunbird Mobile Home Park, Lucas D. Hernández, de 90 años, vio que su cuenta de electricidad pasara de $14.16 a $596.26 después que el parque lanzara un nuevo sistema de cálculo del uso de electricidad. (Los residentes han presentado una querella). Y en el Oasis Mobile Home Park – mal nombrado como ningún otro – la agencia federal ambiental (EPA) descubrió en el 2007 la odiosa astucia del dueño: un sistema de tuberías ocultas conectadas ilegalmente a las líneas de drenaje de los campos que vertía los residuos cloacales de los residentes al mar Salton.

“Te entra un ánimo desabrido”, dijo Maribel Sánchez, de 27 años, refiriéndose al parque St. Anthony’s Mobile Home Park, donde un forro colapsado de un pozo de agua en deterioro hizo que se les llenara el agua de casa con arena. La esposa de otro residente estaba recuperándose de una cirugía al seno, y se vio obligada a manejar 15 millas para poder ducharse con agua limpia.

“La gente no levanta la voz”, agregó Sánchez, quien trabaja de niñera en una comunidad privada enrejada en La Quinta. “Creen que no se les va a escuchar”. 

El parque, hogar de más de 600 personas, ha vivido años de infracciones, más notablemente los peligrosamente altos niveles de arsénico que surge naturalmente en el agua – llevando a que residentes como Ana Sánchez, la madre de Maribel, gaste $20 por  semana en la compra de agua embotellada.

Su pequeña y angosta casa móvil, la cual Maribel Sánchez ha decorado artísticamente con cortinas y pintura a esponja, le ha pertenecido a la familia desde 1982, cuando St. Anthony’s era un solar de recreo al lado de una granja pesquera.

Hoy, su jardincito empedrado delantero es extraoficialmente el salón municipal y Sánchez es la cortés agitadora. Organizó un comité de residentes que se dirigió a los medios locales con el tema del arsénico. La comunidad ahora colabora con Sergio Carranza, el fundador de la empresa sin fines de lucro, Pueblo Unido Community Development Corp., que ayuda a actualizar las obras en los parques de propiedad familiar para que cumplan con los códigos de zonificación.

“Estos no son proyectos para cortar el lazo”, dijo Carranza, un ingeniero industrial oriundo de El Salvador, cuya organización se ha hecho cargo del parque. “Pero estas familias tienen sueños. Es su propiedad, su patrimonio”.

El enfoque de Carranza ha sido creativo: Una estación central de agua tipo choza, equiparada con un filtro de ósmosis inversa no muy costoso, es lo que ahora provee el agua potable, la cual recogen los residentes en jarrones.

Carranza y los residentes de St. Anthony’s, muchos de ellos provenientes de Michoacán, están en el proceso ambicioso de volver a imaginarse su territorio hogareño, el cual unirá una variedad de programas de vivienda del condado, nacidos de la compensación de $21 millones del año 2000, al igual que fondos del condado, del estado y privados. [Aunque, dijo Carranza, están en veremos $4,8 millones prometidos de fondos de redesarrollo del condado, mientras que el plan del gobernador Jerry Brown por eliminar las agencias de redesarrollo esté en manos del Tribunal Supremo estatal].

Entre los programas está el programa de préstamos del condado, Mobile Home Tenant Loan Assistance Program, el cual en esencia permite que los residentes con unidades peligrosas las intercambien por otras nuevas. El condado aprobó recientemente $6,5 millones para volver a diseñar el parque de St. Anthony’s, para crear un parque, un centro infantil, un jardín comunitario y casas rodeadas de una franja de verde. Pueblo Unido está en proceso de comprar el núcleo del parque, y los planes son que se convierta en una cooperativa con los residentes como dueños.

La creación de comunidades

En el Vargas Mobile Home Park, un polanco también plagado de niveles inaceptablemente altos de arsénico, la hermana Gabi – una pelirroja vestida de severa falda gris – está terminando los últimos detalles del centro comunitario y de aprendizaje, San Jose Community & Bea Main Learning Center. 

Construido con donaciones privadas de $250 mil, de los muchos jugadores de golf y de polo de la región, el centro, pronto a abrirse, tendrá clases de inglés, de computación, de cívica, para padres de familia, de salud, de negocios y de seguridad en un parque de casas rodantes – el mayor tema, según la hermana Gabi.

“Si la gente no sabe cuáles son las repercusiones, no pueden tomar acción”, dijo.

Lo que está en juego son los ritmos sencillos del día a día: Leticia Fabela, la chef celebridad del Los Gatos Mobile Home Park, a quien se le ve todos los domingos en su porche con una gran cacerola de cobre, cocinando carnitas; los muchachos al atardecer convirtiendo una carreta roja en góndola, con escobas para los remos; chicas adolescentes jugando al fútbol en faldas y botas; cenas informales con mole y música en vivo cuando se convierte en pista de baile la entrada al parque, suelo de tierra.

Carlos Puma/California WatchLa nieta de Ana Sánchez observa desde la ventana durante una reunión comunitaria en St. Anthony’s Mobile Home Park. Sánchez se encuentra afuera, al centro.

Después que se enfermaran los estudiantes y el personal de la escuela con el aire contaminado de la planta de Western Environmental, Humberto Álvarez, como todo buen maestro, quiso sacarle una pizca de moraleja para sus estudiantes. 

“No se trata sólo de aprender las artes y las matemáticas”, les dijo a sus estudiantes de sexto grado en la escuela primaria de Mecca. “La lección es que debes alzar la voz si algo está mal, y ayudar a corregirlo”.

Ruiz, de la Coachella Valley Healthcare Initiative, dijo que los efectos a largo plazo para la salud, resultantes del sinfín de problemas en la zona, desde los parques de casas rodantes hasta los residuos peligrosos, no están nada claros.

“Esto nos debería tocar a todos en la mente y en el corazón”, dijo el doctor refiriéndose a la inestable desigualdad social en el valle. “Una comunidad no termina con cerrar la reja”.

Esta nota la editaron Robert Salladay y Mark Katches. La corrección la hizo Nikki Frick.

La autora Brown contribuye con artículos e información a California Watch, el mayor equipo de investigación periodística del estado, que forma parte del Center for Investigative Reporting.

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