PrintEn la parte sur del condado San Mateo, a dos millas al este del Océano Pacífico, queda el pueblo obrero de Pescadero, un destino turístico y una bomba de tiempo geológico.
Cuando el residente del pueblo Bryan Burns sale de su puerta, puede ver la escuela pública Pescadero, y se llena de preocupación. Allí ocurren más deslaves que cualquier otro lugar del estado. Por el área pasan dos fallas sísmicas peligrosas, la de San Andreas y la de San Gregorio.
Burns ha estado presionando a los dirigentes escolares referente a la estabilidad del terreno debajo de la escuela, la cual abrió en este local en 1960, y referente a un mapa de planificación del condado que muestra una rama de la falla de San Gregorio que no se ha tomado en cuenta.
Y Burns no percibe ningún sentido de urgencia por hacer algo al respecto.
“Si son correctas las estadísticas y la San Gregorio es tan peligrosa como indica el estado, alguien va a quedar herido o muerto allí”, dijo Burns, cuya familia vendió la tierra sobre la que se construyó la escuela secundaria.
El caso de la escuela secundaria Pescadero es un nítido ejemplo del desmoronamiento del sistema en California de reglamentaciones para la seguridad sísmica de sus escuelas. No se hizo caso de las leyes y las normas se redujeron, sin embargo la escuela continuó haciendo importantes reparaciones de construcción sin atender los posibles peligros sísmicos.
Pescadero es sólo una escuela que un día se halló sobre una zona de peligro por una falla – y al día siguiente ya no. California Watch encontró otros ejemplos de escuelas borradas de la lista de zonas peligrosas, incluyendo algunas en las zonas de actividad sísmica frecuente en los condados de Los Ángeles y Alameda.
Esta tendencia a soltar las normas estatales llegó por presión de los propietarios y corredores de bienes raíces, y de funcionarios de gobierno local quienes temían que los valores de la propiedad en toda California caerían, según entrevistas y documentos.
California excluyó decenas de fallas mayores, potencialmente activas y redujo el ancho de las zonas consideradas peligrosas. El borrar a las escuelas de las zonas peligrosas no fue la intención central del estado – no obstante varias terminaron del otro lado de las líneas cuando se cambiaron los nuevos mapas.
Para los padres, los niños y los maestros que viven en zonas propensas a terremotos fuertes, los mapas vueltos a trazar podrán ofrecer un sentido de seguridad falso.
Para el pueblo de Pescadero, el cambio fue notable.
El viejo mapa del Franklin Point Quadrangle de 1976 muestra límites sin interrupción que corren llanos de norte a sur, indicando una zona sísmica. La escuela secundaria Pescadero está firmemente dentro de esa zona. Con el nuevo mapa, creado en 1982, la zona de peligro vira abruptamente en ángulo recto – haciendo un recorte limpio alrededor de la escuela donde se supone la zona es segura.
“Las fallas no tienen ángulos rectos”, dijo Peter Yanev, un ingeniero sísmico del Banco Mundial que tiene 40 años de experiencia, y quien revisó los mapas para California Watch. “No parece estar bien porque las fallas esto no lo hacen”.
El ente gubernamental, California Geological Survey, ha trazado 708 mapas diferentes, y cada uno contiene una zona de peligro sísmico o más. Los mapas los requiere la ley Alquist-Priolo de Establecimiento de Zonas de Fallas Sísmicas de 1972, promulgada un año después que el terremoto Sylmar en el valle de San Fernando dejara muertas a más de 60 personas, causando más de $500 millones en daños.
Se considera importante esta ley porque ofrece protección crítica para las personas que viven en zonas en las que los terremotos son capaces de romper tierra y volcar los edificios. Los corredores de bienes raíces tienen la obligación de notificar a los posibles compradores de viviendas de cualquier zonas de fallas existentes sobre la propiedad, una carga que se quejan es muy costosa y que asusta innecesariamente a la gente.
Y, lo que es más importante, la ley Alquist-Priolo requiere que los distritos escolares contraten a geólogos para hacer evaluaciones detalladas de fallas sísmicas cercanas antes de renovar o de construir dentro de estas zonas. Sin estas evaluaciones, quedan en la ignorancia los constructores, los maestros, los niños y los padres de familia.
No obstante, varios distritos escolares dentro de estas zonas peligrosas han comenzado y completado obras de construcción en años recientes sin investigar los peligros de las fallas, indican expedientes y entrevistas.
La escuela secundaria Pescadero, con menos de 100 estudiantes, tiene en su recinto varios edificios que nunca han recibido la certificación de seguridad bajo la ley Field, la ley de normas para la construcción sísmica de escuelas públicas promulgada después del terremoto de 1933 en Long Beach.
Tan pronto como publicó a comienzos de 1974 sus mapas de zonas peligrosas la oficina del geólogo estatal, los grupos con intereses financieros en la propiedad y en el desarrollo económico comenzaron a quejarse, según expedientes y entrevistas con expertos sísmicos que ejercían durante ese momento.
Los corredores de bienes raíces consideraron que los mapas eran una amenaza a los valores de la propiedad. Funcionarios municipales y de condado acusaron al estado de entrar en una masiva conquista gubernamental.
“Los corredores de bienes raíces lo odiaron por completo”, dijo Earl W. Hart, gerente del programa Alquist-Priolo, desde que comenzó hasta mediados de los años noventa.
En un periodo de tres semanas – durante octubre de 1974 – Hart reportó haber recibido 52 quejas de corredores de bienes raíces, promotores inmobiliarios, propietarios y otros. Durante el ajetreo, el geólogo estatal del momento, James E. Slosson, se negó a “aguar” los mapas de zonas peligrosas, indican notas de la Junta Estatal de Minería y Geología.
Sin embargo, a finales de 1975, Slosson renunció a su cargo y fue reemplazado por Thomas E. Gay, Jr., quien comenzó a volver a examinar los mapas de zonas de fallas. Para febrero de 1976, nació el programa de evaluación de fallas.
El equipo de Hart no incluía más las fallas que no tuvieran movimientos terrenales importantes en los últimos 11.000 años. Anteriormente, el estado había implementado la norma científica de 2 millones de años – criterio que aún usan otros estados – para trazar las zonas.
Los expertos sísmicos dicen que es difícil predecir cuándo ninguna falla, sin importar la edad, volverá a romperse otra vez. Y es difícil identificar las fallas en zonas urbanas y silvestres sin realizar investigaciones de campo. Pero el equipo de Hart no realizó ninguna investigación de campo para ubicar fallas porque la Legislatura no había asignado fondos para el trabajo, indican expedientes y entrevistas.
El método que se usó para cambiar los mapas suscitó preocupación de algunos geólogos.
“No estoy seguro si lo calificaría de ciencia, pero es una técnica que se usa”, dijo Gerald E. Weber, un geólogo privado quien colaboró con trazar el mapa original de fallas de Alquist-Priolo que cubrió el área de Pescadero. “Tienen un sistema. No estoy seguro si concuerdo con el sistema. Y es posible que subestimen el potencial de algunas de causar terremotos”.
Como resultado de estos cambios, se redujeron en tamaño muchas zonas de fallas o desaparecieron por completo de los mapas Alquist-Priolo.
En la zona de la bahía de San Francisco, 13 mapas que contenían zonas de fallas se eliminaron, según un informe interno del geólogo estatal. En el condado de Los Ángeles, a la zona de falla que pasa debajo del pueblo pudiente de San Marino se le redujo el ancho. De repente la escuela intermedia Huntington y primaria Valentine, y todas las casas y negocios circundantes, no estaban más cubiertos por las restricciones de Alquist-Priolo.
De los 708 mapas publicados durante las últimas tres décadas, la oficina del geólogo estatal ha vuelto a trazar 161.
El geólogo estatal John Parrish dijo que los mapas actuales se basan en las normas decretadas por la Junta Estatal de Minería y Geología, cuyos nueve miembros los nombra el gobernador y que incluyen una combinación de expertos científicos. Su oficina sigue estas normas. El fortalecerlas es, dijo, una “cuestión social y política” que él no puede controlar.
El geólogo estatal y el personal del California Geological Survey, asesoran a la junta, la cual posee autoridad final sobre los mapas.
“Debemos trazar mapas de acuerdo con los criterios que nos presentan”, dijo Parrish, ex funcionario ejecutivo de la Junta Estatal de Minería y Geología. “Le toca a la junta definir lo que es una falla activa. Tomamos nuestras decisiones sobre políticas de estas definiciones. No podemos trazar mapas más allá de estos criterios”.
La oficina del geólogo estatal ha estado preparando 15 nuevos mapas de zonas peligrosas, aunque el trabajo se ha desacelerado por los recortes del presupuesto.
En cuanto a la escuela secundaria Pescadero, Parrish dijo que agradecería evidencia del pueblo o del distrito escolar que mostrara una falla potencialmente peligrosa – y, si queda convencido, volvería a trazar la zona peligrosa de Alquist-Priolo para incluir el área. Funcionarios escolares en Pescadero hicieron reparaciones al techo principal en el 2008 sin comisionar estudios sísmicos, indican documentos. A pesar de quedar apartado de los mapas estatales, el condado de San Mateo aun así requirió que el distrito escolar realizara tal estudio.
California Watch, el mayor equipo de reportaje de investigación del estado, es un proyecto del Center for Investigative Reporting, independiente y sin fines de lucro. Comuníquese con el reportero a cjohnson@californiawatch.org.
Reporteros Agustín Armendáriz, Chase Davis, Kendall Taggart y Anna Werner contribuyeron a la presente nota. Esta nota la editaron Robert Salladay y Mark Katches. La corrección de texto la hicieron Nikki Frick y Joanna Lin.
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