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Inmigrantes con enfermedades mentales atrapados en detención en EE.UU. sin abogados

Ken Steinhardt/Orange County RegisterMaría Franco abraza a su hijo José Franco González  y a su padre, Francisco Franco, luego de que Franco González fuera dejado en libertad por la Oficina de Inmigración y Aduana tras su detención en marzo de 2010. Franco González, quien está mentalmente discapacitado, alegó culpabilidad en la comisión de un asalto en 2005 y estuvo detenido durante cinco años sin derecho a audiencia.

Con las esposas brevemente fuera de sus muñecas mientras enfrentaba a un juez, Miguel Canto-Ortiz lucía la conocida marca de un detenido: una camisa anaranjada brillante de la Cárcel de Santa Ana. Pero a diferencia de miles de otras personas que han pasado por esta sala de tribunal, Canto-Ortiz era un hombre sin abogado.

En la parte posterior de su cabeza rapada hay una cicatriz de una lesión traumática del cerebro que lo hizo incapaz de leer, escribir o incluso recordar su cumpleaños.

Era la audiencia de deportación de Canto-Ortiz y el juez de inmigración David C. Anderson del Distrito de EE.UU. evaluaba su condición mental. El juez le preguntó al detenido de 51 años si podía explicar en qué tipo de sala de tribunal se encontraba.

“Demasiados problemas en mi cabeza, no puedo decir nada”, murmuró Canto-Ortiz en español.

Para el sistema legal y los abogados de los derechos de los inmigrantes, su caso representa un problema frustrante que no tiene una respuesta sencilla: los inmigrantes ilegales con enfermedades mentales graves, muchos sin antecedentes penales, se han visto atrapados en la detención en Estados Unidos sin abogados.

“Éstas son personas que permanecen detenidas durante años sin entender qué les está sucediendo”, dijo Talia Inlender, abogada de Public Counsel, un bufete de abogados pro bono que representa a varios de los demandantes en una demanda colectiva a favor de detenidos con enfermedades mentales en California, Arizona y Washington. “Presentan discapacidades mentales en tal grado que no pueden participar en sus propios procedimientos de traslado forzoso”.

En promedio, el gobierno mantiene más de 30,000 inmigrantes ilegales detenidos en un día cualquiera. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no saben cuántos de ellos sufren discapacidades mentales, pero los abogados de la demanda colectiva estiman que unos 1,000 inmigrantes detenidos tienen una “enfermedad mental grave”.

En enero de 2011, Inlender y un grupo de bufetes de abogados pro bono identificaron a Canto-Ortiz, que nació en México y llegó a EE.UU. cuando era niño, como un posible demandante para la demanda presentada el año pasado. Ésta es la primera demanda colectiva a favor de detenidos con enfermedades mentales graves que pasan por los tribunales de inmigración sin contar con acceso a abogados.

La demanda colectiva afirma que al negarles a los detenidos con enfermedades mentales graves el derecho a contar con abogados designados por el tribunal, el gobierno les ha negado los derechos del debido proceso legal y ha violado leyes federales contra la discriminación. La Ley de Inmigración y Nacionalidad les brinda a los no ciudadanos el privilegio de la representación, pero no a costa del gobierno. 

El 20 de diciembre, la jueza Dolly Gee del Tribunal del Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California otorgó la categoría de demanda colectiva. La jueza concluyó que no hay un mecanismo para evaluar si los detenidos con discapacidades mentales pueden representarse a sí mismos.

Los representantes del gobierno no realizaron comentarios sobre la demanda. Pero en una audiencia en Los Ángeles en abril del año pasado, Victor M. Lawrence, subdirector principal de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia alegó que los demandantes no habían probado “que hubiera una cantidad significativa de personas que podrían ser dañadas”.

La demanda surgió como consecuencia del caso de José Franco-González, un hombre con una enfermedad mental que se declaró culpable de agresión y fue detenido en 2005. Un juez de inmigración cerró su caso de deportación porque Franco-González no contaba con un abogado y era mentalmente incapaz de representarse a sí mismo. Pero el hombre continuó detenido.

Durante los años que estuvo detenido, Franco-González no tuvo audiencias. En marzo de 2010, después de que Public Counsel y ACLU presentaran una petición para solicitar su liberación, un juez liberó a Franco-González. Durante más que un año, lo supervisaron electrónicamente. Ahora está recibiendo servicios intensivos de salud mental mientras espera su próxima audiencia de inmigración.

Los abogados pro bono agregaron más demandantes con enfermedades mentales a su demanda colectiva, ahora son ocho las personas que forman parte de la demanda. Algunos de ellos son inmigrantes ilegales; otros son refugiados o residentes permanentes legales cuyo estado legal fuera revocado debido a condenas por delitos.

En los últimos dos años, Human Rights Watch y Texas Appleseed, un centro de derecho para el interés público, publicaron informes que identifican la carencia de garantías para los detenidos con enfermedades mentales y señalan los casos en los que incluso los ciudadanos americanos fueron deportados por error.

En mayo, con las recomendaciones del Consejo Americano de Inmigración y de otros grupos de abogados, la Junta de Apelaciones de Inmigración elaboró pautas para lidiar con los detenidos con enfermedades mentales. Las pautas establecen que un detenido mentalmente competente es una persona que comprende la naturaleza de su caso, puede consultar con un abogado o representante y puede evaluar las pruebas adversas, presentar pruebas favorables e interrogar a testigos del gobierno. 

La junta también indicó que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la obligación de proporcionar jueces de inmigración ante cualquier material relevante respecto a la capacidad mental de un inmigrante.

Pero los grupos de defensa y los abogados están presionando para lograr un proceso formal que incluiría su asesoramiento y crearía reglas específicas. En primer lugar, la Junta de Apelaciones de Inmigración no atendió “la falta de experiencia en la realización de evaluaciones de competencia” de los jueces de inmigración, indicaba una declaración del Consejo Americano de Inmigración. La junta tampoco recomienda designar abogados para las personas mentalmente incapaces.

La mayoría de los detenidos, casi 60%, no tienen abogados, según el Departamento de Justicia. A muchos se los obliga a representarse a sí mismos, aún cuando a menudo no cuentan con habilidades de lenguaje adecuadas.

“Estamos intentando ayudar a establecer prácticas y procedimientos para que no quede en manos de un juez de inmigración particular o un abogado del gobierno determinar el destino de un detenido mentalmente incapaz”, afirmó Inlender. “Necesitamos que exista un sistema para que todos los detenidos reciban lo que se merecen”.

Incluso tener una tarjeta de residencia permanente no es garantía para no ser deportado. Ever Martínez nació en El Salvador y es residente permanente legal de EE.UU. En 2007, fue acusado de agresión grave luego de trabarse en lucha con su padrastro.

Martínez comenzó a presentar indicios de una enfermedad mental a los 20 años y cuando su madre lo llevó a una sala psiquiátrica de Los Ángeles fue diagnosticado con esquizofrenia y le recetaron medicación. Continuó empeorando y entró y salió de hospitales mentales durante varios años. Pero Martínez no tenía ningún antecedente de violencia, señaló su madre, María Elena Felipe.

Eso cambió poco después de que Martínez se mudó nuevamente con su madre en 2007. En junio de ese año, mientras que Felipe se encontraba en el trabajo, Martínez fue arrestado luego de trabarse en lucha con su padrastro, a quien golpeó hasta dejarlo inconsciente y en coma por 10 días.

Martínez fue acusado de un delito mayor, un cargo que puede llevar a la deportación incluso a los residentes permanentes legales. A fines de 2009 fue transferido de la custodia penal al centro de detención de Otay Mesa, unas millas al norte de la frontera entre México y EE.UU. en San Diego.

En Otay Mesa hay 240 detenidos que reciben tratamiento para “algún tipo de enfermedad mental con diferentes niveles de gravedad”, indicó Lauren Mack, portavoz de ICE. El otro centro federal, el Centro de Detención Krome, se encuentra cerca de Miami.

Felipe estaba aún más preocupada de lo que podría sucederle a Martínez si fuera deportado; no encontraría a nadie en El Salvador que pudiera encargarse de él.

En agosto de 2010, los abogados que trabajaban en la demanda colectiva le llamaron la atención al tribunal del distrito federal sobre el caso de Martínez. Además de los documentos de inmigración que indicaban su enfermedad, los abogados solicitaron una evaluación, que concluyó que Martínez “claramente no es capaz de representarse a sí mismo. Su enfermedad le imposibilita conceptualizar ideas y defenderse verbalmente en su procedimiento de traslado forzoso”.

En septiembre de 2010, una jueza de inmigración ordenó la finalización de su caso y lo envió a la Junta de Apelaciones de Inmigración. En su fallo, la jueza Renee Renner dijo: “La ley y las regulaciones actuales no ofrecen orientación en cuanto al modo de proceder del tribunal … con un detenido mentalmente incapaz que se esté representando a sí mismo en el procedimiento de traslado forzoso”.

La finalización de su caso fue una noticia relativamente buena, pero la detención de Martínez se prolongó mientras su caso continuaba pendiente ante la junta de apelaciones. Renner no le designó un abogado. Pero con la ayuda del equipo pro bono que lo había identificado en la detención, Martínez pudo recibir una audiencia de fianza.

En abril, Felipe esperaba ansiosamente para ver a Martínez fuera del centro de detención por primera vez en dos años. Había sido liberado de Otay Mesa con una fianza de $1.500 a condición de que fuera evaluado y lo colocaran bajo el cuidado de una institución de salud mental.

Martínez fue llevado a un centro de atención de urgencia en Los Ángeles para recibir su evaluación. Un profesional de la salud mental determinó que necesitaba ser hospitalizado y le encontró una cama en el Hospital y Centro de Salud Mental Gateways.

Felipe tenía que presentar la fianza el mismo día (y ya era de tarde) o su hijo regresaría a San Diego. Llegó con gran esfuerzo a la oficina de fianzas y le dijeron que estaba cerrada. Entonces llegó el equipo pro bono.

Mientras se preparaba para ver a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. “No sé qué voy a decirle”, dijo. “Cuando lo vi en el centro de la detención, me puse tan triste. Ahora siento que mi corazón está un poco más en paz. Él no está en un centro de la detención, está en un lugar diferente”.

Una semana después de que Martínez fuera liberado de la detención, Miguel Canto-Ortiz también fue liberado. Pero sin abogado y sin una familia para ayudarlo, fue trasladado a un refugio para personas sin hogar. Al día siguiente, no se lo podía encontrar en ninguna parte. El consulado mexicano y algunos abogados pro bono continúan buscándolo en las calles de Santa Ana.

Esta historia fue editada por Robert Salladay y corregida por Nikki Frick.

Filed under: Public Safety, En Español
Tags: immigration

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